El salario mínimo de Andorra se incrementa un mínimo del 3,2%

2019-02-26

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El Gobierno de Andorra ha sido enfático en informar a través de diferentes representantes empresariales y sindicatos andorranos, acerca del paquete de medidas económicas en beneficio de los ciudadanos. Entre estas medidas, destaca el incremento del salario mínimo al menos en un 3,2%. También se observa la aplicación del aumento del IPC del año anterior, para trabajadores cuyos ingresos sean menores a los 24.000€ anuales.

Con esta medida del incremento mínimo de 3,2%, se espera que al menos 3.000 personas puedan verse beneficiadas, aunque también se aplica para las prestaciones sociales. De igual manera, será aplicada para las jubilaciones cuyos ingresos no alcancen el salario mínimo, luego de una cotización por más de 25 años.

Las medidas adoptadas por el Gobierno de Andorra son factibles por mejoras en la economía

Posterior a la reunión sostenida entre el ministro de Finanzas, Jordi Cinca, y el ministro de Asuntos Sociales, Xavier Espot, ambos dieron explicación de las mejorías de este paquete en una rueda de prensa. Se detalló la situación económica del país, y también dieron a conocer detalles sobre las finanzas públicas, expresando que están saneadas. Enfatizaron que las medidas adoptadas son factibles por la mejora global de la economía.

Por otro lado, los contratos de alquiler que culminen en este 2019, podrán ser prorrogados al menos por un año. En este sentido, se permitirá aplicar el aumento del IPC calculado entre el 0,7 y 0,9%. Esta medida se incluirá en la ley de presupuesto de este nuevo año.

Como parte de las medidas, los ministros también informaron acerca de una negociación con los bancos del país. Se trata de un convenio para que puedan ceder los inmuebles al Gobierno de Andorra para que puedan ser destinados a “personas vulnerables”. Es una medida para proteger a los ciudadanos en “situaciones de vulnerabilidad”.

Finalmente, las subastas de inmuebles podrán tener un valor de salida de al menos el 90% de su valoración. Esto se debe a que hasta la fecha sólo tenían un precio de salida entre el 70% y 50%. De esta manera, se pretende que con esta medida se adjudiquen a un precio justo, evitando la venta a precios inferiores de su valor real.